A veces la movilización política y la presión mediática y administrativa logran que la humanidad retorne, aunque sea fugazmente, a las cabezas de los responsables de inmigración y refugio. El presente caso de la iraní Zahra Kameli ilustra la realidad de la política alemana de asilo. Con final “feliz” eso sí. Otros miles (unos 40.000 el año pasado) no tuvieron tanta suerte.

Zahra Kameli podría estar desde el 10 de febrero en Irán si no hubiera contado con un enorme apoyo para impedir su deportación. Y todo ese apoyo habría sido vano si no hubiera aparecido en escena una persona con coraje suficiente, un piloto de Lufthansa, que finalmente se negó a llevar en el vuelo a Teherán a la desesperada joven.

Pero vayamos al principio. Zahra Kameli nació en 1980 en Irán. A los 16 años fue casada con un hombre diez años mayor. Poco después, su actividad política les obligó a buscar asilo en Alemania. A los seis meses de su llegada, nacía en Goslar (Baja Sajonia) su hija.

A mediados de 2002, las autoridades rechazaron la solicitud de asilo de Zahra y a comienzos de 2004 se agotan sin éxito todos los recursos legales. La familia pasa a la ilegalidad. Zahra se separa de su marido y se convierte al cristianismo. Tras la separación el marido se marcha a Irán con la hija de ambos. Zahra conoce a otro iraní, también convertido al cristianismo, y sigue viviendo sin papeles.

A finales de 2004 presenta una segunda solicitud (Folgeantrag) de asilo. Debido a su nueva relación sentimental, en Irán se le considera adúltera, lo que está castigado (como la conversión al cristianismo) con la pena de muerte. Es decir, en teoría, podría acogerse al artículo de la nueva ley alemana de extranjería (que entró en vigor el primero de enero) que contempla la persecución específica de género como razón para obtener asilo. Sin embargo, la solicitud es rechazada. La revisión en el Tribunal regional Administrativo permite al presidente de dicha audiencia, Hirschmann, dar todo un recital de cinismo. El juez ignora toda la información presentada por organizaciones humanitaria en la que se documentada el riesgo que corría Zahra en Irán y fija la fecha de la deportación para el 10 de febrero. 20 representantes de diversas confesiones religiosas y parlamentarios regionales protestan contra la expulsión. Pero Hirschmann se mantienen en sus trece, aunque reconoce no estar muy al día de la situación en Irán (documento del Arbeitskreis Asyl). En su fallo asegura que la señora Kameli no es creíble y que se convirtió al cristianismo para lograr la residencia en Alemania. El juez ignora olímpicamente el riesgo en Irán derivado del “adulterio” por cuestiones de forma: “debió ser presentado en su momento a la instancia correspondiente” . Las instancias políticas federales, por su parte, se lavan las manos y se remiten a la sentencia del Tribunal administrativo. El desenlace hunde a Zahra, quien tiene que recibir asistencia médica. Los llamamientos in extremis a los ministros del interior de Baja Sajonia (cristianodemócrata) y federal (socialdemócrata) a aplazar la expulsión no tienen éxito; los señores ministros se pasan la pelota uno a otro.

El día del traslado 150 manifestantes reparten volantes entre los viajeros del vuelo a Teherán, informando sobre la situación de la pasajera que les acompaña e instándoles a impedir la deportación. Zahra se resiste hasta el final y sufre un ataque de nervios. En esas condiciones, el piloto de Lufthansa se niega a llevarla en el avión. La joven iraní es trasladada a un hospital donde permanece hasta hoy. Para 60 manifestantes la jornada terminaría en comisaría. Sin agua, ni comida, fueron retenidos durante 16 horas, se les tomaron “huellas de ADN” y se les impidió llamar por teléfono (había adolescentes y madres que habían dejado a su hijos a cargo de otras personas). La empresa gestora del aeropuerto de Francfort ha presentado denuncia contra los antirracistas por allanamiento.

Tanto la frustrada deportación como la represión sufrida por los manifestantes tuvo un amplio eco mediático. La presión pública obligó, días después, al ministerio alemán del interior y al parlamento de baja Sajonia a llegar a una solución de compromiso (cuando quieren siempre hay un recurso legal a mano). Zahra Kameli recibe un permiso de residencia de un año, pero, a cambio, sus amigos y simpatizantes del movimiento antirracista deberán cubrir todos los gastos de hospital, renta de la vivienda, alimentos, etc.

Portavoces socialdemócratas y conservadores en el parlamento regional de Baja Sajonia insistieron en que el desenlace del caso Kameli no va a sentar precedente y es una excepción. Para que nadie se haga ilusiones.

Fuentes: http://carava.net ; www.wsws.org